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Derecho europeo y de la competencia

Derecho Europeo y de la Competencia

Las normas de competencia de la UE sirven para garantizar condiciones leales y equitativas a las empresas, dando cabida al mismo tiempo a la innovación, la unificación de las normas técnicas y el desarrollo de las pequeñas empresas. La Comisión Europea vigila e investiga las prácticas, fusiones y ayudas estatales anticompetitivas, a fin de garantizar condiciones de competencia equitativas para las empresas de la UE y asegurar una oferta amplia y precios justos para los consumidores.

Este área del derecho busca prohibir conductas que tengan como objetivo restringir o limitar la competencia y/o dañar a los competidores o a los consumidores. Se trata de una especialidad que tiene su origen en la política en contra de los trusts o acuerdos entre empresas en los EE.UU., siendo la preocupación de ese entonces que las empresas competidoras coordinen sus acciones con el fin de crear un monopolio capaz de aumentar los precios y restringir producción.

Los dos elementos esenciales que analiza el derecho de la competencia es el Derecho antimonopolio y el Derecho de la competencia desleal.

Nuestro asesoramiento abarca los siguientes aspectos:

1. Prácticas restrictivas

Prácticas restrictivas de la competencia y abuso de posición de dominio, incluyendo la autoevaluación de acuerdos de cooperación y distribución, joint ventures y alianzas estratégicas.

2. Impugnación de normativas

Impugnación de normativa española o de otras nacionalidades contraria al Derecho Europeo, o bien invocando el efecto directo de éste último, o bien mediante denuncias ante la Comisión Europea.

3. Asesoramiento protocólo y cumplimientos

Programas de cumplimiento con la elaboración de guías prácticas de comportamiento y protocolos de actuación en inspecciones y formación a directivos y empleados.

4. Infracciones

Procedimientos de infracción ante las autoridades de defensa de la competencia, incluyendo procedimientos de clemencia y asistencia en inspecciones de dichas autoridades.

5. Procedimientos judiciales

Procedimientos ante la Comisión Europea y los tribunales europeos y nacionales, incluida la recuperación de ayudas de Estado ilegales.

Se sanciona a las sociedades y también a los administradores y directivos.

El artículo 63.2 de la Ley de Defensa de la Competencia, prevé que “Además de la sanción prevista en el apartado anterior, cuando el infractor sea una persona jurídica, se podrá imponer una multa de hasta 60.000 euros a cada uno de sus representantes legales o a las personas que integran los órganos directivos que hayan intervenido en el acuerdo o decisión […]”.

Por tanto, si la decisión fue mancomunada por dos administradores sociales, la Ley de Defensa de la Compete, contempla la posibilidad de sancionar a cada uno de los administradores con multas de hasta 60.000,00€. Así pues, es sumamente recomendable adoptar las decisiones previo asesoramiento de abogados especializados Derecho de la Competencia y de la UE, permítanos asesorarle antes de llegar a acuerdos que puedan ser constitutivas de dichas sanciones.  

Asesoramiento

Permita que le asesoremos, antes de adoptar cualquier tipo de acuerdo con otras sociedades que pueda conllevar sanciones para la empresa y para los administradores y directivos.

Protección legal

Si ha sido sancionado, permítanos defenderle y representarle durante todo el proceso administrativo y judicial.

Proteja su empresa de sanciones

No permita que le impongan sanciones a su empresa, que supongan dejarla en una difícil situación económíca.

Programa de clemencia

Un cártel, tal como exponen la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, es un acuerdo entre dos o mas empresas para realizar conductas «tales como la fijación, directa o indirecta, de precios, de otras condiciones comerciales o de servicio, de cuotas de producción o de ventas, los intercambios de información sobre precios a aplicar o cantidades proyectadas; el reparto de mercados, incluidas las pujas fraudulentas, la restricción de las importaciones o las exportaciones o los boicots colectivos, todas ellas comprendidas en el concepto de cártel». Es decir, un acuerdo formal entre empresas del mismo sector, cuyo fin es reducir o eliminar la competencia en un determinado mercado.

La Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia, fue la introducción en España del programa de clemencia —dado el gran éxito que supuso en la práctica en Estados Unidos y la Unión Europea—. Este programa de clemencia permite a aquellas empresas que forman parte de un cártel, pongan en conocimiento de la Autoridad de Competencia su existencia, mediante información clara y precisa que permita a la Autoridad Competencia investigar el cártel.

La consecuencia para aquella sociedad que participando en el cártel, y comunica su existencia a la Autoridad de competencia aportando pruebas efectivas, queda exenta del pago de la multa que pudiera corresponderle o, una reducción del importe de ésta, si la Autoridad ya tenía conocimiento de dicho cártel por otros medios.

"Pay for delay" en el ambito farmaceutico, acuerdos restrictivos de la competencia y abuso de la posicion de dominio

“pay for delay”, hace referencia a los acuerdos alcanzados entre la farmacéutica titular de una patente sobre un medicamento y otros laboratorios que elaboran el genérico de la patente (tras la finalización de la exclusividad que otorga la patente a tu titular). Este acuerdo conlleva, retrasar el lanzamiento y comercialización de un medicamento genérico, y no cuestionar la validez y vencimiento de la patente.

La Comisión Europea ha mostrado su preocupación por este tipo de acuerdos, dado que en la práctica supone, el mantenimiento artificial de precios elevados y la exclusión de competidores del mercado, permitiendo de facto que la exclusividad de los patentes tenga una duración superior a la correspondiente.

Siguiendo la jurisprudencia en el asunto Lundbeck, el TGUE (Tribunal General de la Unión Europea) —y pendiente de resolución ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), Johnson & Johnson en 2013, y en el presente asunto Servier en 2014—, confirma que la celebración de acuerdos “pay for delay” infringe el artículo 101 TFUE, puesto que son acuerdos que tienen como objeto una conducta contraria al derecho de la competencia, dado que son consideradas restricciones de la competencia por objeto requiere un análisis detallado de cada acuerdo, analizando, en particular: (1) la existencia de posibilidades reales y concretas de que los competidores de genéricos entren en el mercado en caso de no haber concluido dichos acuerdos, (2) si la sociedad de genéricos se compromete a limitar los esfuerzos que realizaría de forma independiente para lanzar el genérico en el mercado en el periodo de duración del acuerdo, y (3) si la compensación por el acuerdo reduce de forma sustancial los incentivos para que la sociedad de genéricos pueda entrar en el mercado. El cumplimiento de estas condiciones indica la existencia de una restricción de la competencia por su objeto.

No obstante, el TJUE no ha resuelto su recurso sobre «pay for delay» en el asunto Lundbeck, pero la Sentencia dictada por Tribunal General de la Unión Europea permite establecer pautas para delimitar los acuerdos las farmacéuticas titulares de patentes y laboratorios que producen los medicamentos genéricos de las patentes.

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