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La responsabilidad de los adminitradores sociales por deudas en situación de Covid-19.

Introducción.

La reciente normativa para hacer frente al COVID-19, ha establecido entre otras muchas medidas para las sociedades de capital

  1. La suspensión del deber legal de promover la disolución por perdidas hasta el cierre del ejercicio de 2021
  2. La suspensión del deber legal del solicitar el concurso de acreedores hasta el próximo 14 de marzo de 2021.

La responsabilidad de los administradores.

La Ley de Sociedades de Capital (“LSC”), prevé diversas causas de disolución de la sociedad mercantil, así lo expresa en artículo 362 LSC, indicando que: «Las sociedades de capital se disolverán por la existencia de causa legal o estatutaria debidamente constatada por la junta general o por resolución judicial». Siendo el artículo 363 LSC el que prevé las causas que el legislador ha establecido para la sociedad proceda a su disolución y posterior liquidación.

El legislador pretende que el administrador de una sociedad saque de tráfico jurídico mercantil a esta, cuando concurre alguna de las causas legalmente prevista en la LSC. De entre esas causas, cabe destacar la obligada disolución de la sociedad “por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso”.

Por tanto, a la vista del contenido del citado artículo cuando el patrimonio neto —cuantificado según el balance— sea inferior a la mitad del capital social —cuya cuantía es fija—, debe llevar al administrador a convocar la junta general de la sociedad en el plazo de dos meses para que adopte el acuerdo de disolución o, si la sociedad fuera insolvente, ésta inste el concurso de acreedores (artículo 365.1 LSC). Debiendo el administrador, en el caso de no aprobarse en junta el acuerdo de disolución, promover la disolución judicial de la sociedad (artículo 366.2 LSC), en el plazo de dos meses desde la celebración de la junta sin adopción del cuerdo, o cuando estaba prevista la celebración de la junta.

Este periodo de dos meses comienza a contar desde que los administradores «efectivamente conocieron la concurrencia de causa de disolución, o la habrían conocido de ajustar su comportamiento al de un ordenado empresario entre cuyos deberes figura el de informarse diligentemente sobre la marcha de la sociedad» (STS 173/2011, de 17 de marzo, reiterando entre otras la 460/2010, de 14 de julio, y la 680/2010, de 10 de noviembre).

Consecuencias del incumplimiento del administrador

El incumplimiento por parte del administrador de las responsabilidades descritas con anterioridad, origina la responsabilidad solidaria de los administradores en aplicación del artículo 367.1 LSC, en virtud del cual, los administradores «responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución […]».

Ahora bien, siguiendo el tenor literal del artículo 367.1 LSC, los administradores tienen limitada a la su responsabilidad a “obligaciones sociales posteriores” de la causa de disolución. Por tanto, estos no responderán solidariamente junto con la sociedad de aquellas originadas con anterioridad al momento en que debió cumplir con sus obligaciones, ni tampoco responderán de aquellas deudas que surjan después del cumplimiento tardío de convocar la junta general, o promover la disolución judicial de la sociedad. Es decir, los administradores únicamente responderán solidariamente de las deudas sociales causadas, desde el instante en que debió convocar la junta, o promover la disolución judicial, y hasta el momento que lo realice, aunque sea tardíamente.

Modificación de las obligaciones tras la situación de coronavirus (COVID-19).

El régimen general expuesto con anterioridad, fue modificado por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. En él, se adoptó en el artículo 40, las denominadas “Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado”. Concretamente, en el artículo 40.11 estableció que en “caso de que, antes de la declaración del estado de alarma y durante la vigencia de ese estado, concurra causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad, el plazo legal para la convocatoria por el órgano de administración de la junta general de socios a fin de que adopte el acuerdo de disolución de la sociedad o los acuerdos que tengan por objeto enervar la causa, se suspende hasta que finalice dicho estado de alarma”. Por tanto, se modifica la obligación de los administradores a la finalización del estado de alarma, y en consecuencia los «administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese periodo», siempre y cuando «la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la vigencia del estado de alarma» (articulo 40.12 RD 8/2020).

Con posterioridad, el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, modifico la obligación del administrador de promover la junta, o en su caso la disolución de la sociedad, del momento de la “finalización del estado de alarma” (tal como contempla el artículo 40.12 RD 8/2020) hasta el 31 de diciembre de 2020, dado que en su artículo 18 estableció que: “[…] no se tomarán en consideración las pérdidas del presente ejercicio 2020. Si en el resultado del ejercicio 2021 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio conforme al artículo 365 de la citada Ley, la celebración de Junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente”. Esta modificación tenía como objeto, permitir ante tal extraditaría situación que los administradores, se dotaran de liquidez suficiente, para compensar y reestructurar sus deudas.

Este último Real Decreto-ley fue derogado por la Ley 3/2020, indicando en su artículo 13 el mismo contenido que el derogado artículo 18 del Real Decreto-ley 16/2020: por tanto, se mantuvo la obligación de los administradores en situación de “suspenso” hasta el 31 de diciembre de 2020. No obstante, el artículo de la Ley 3/2020 indicando en su apartado primero que “hasta el 14 marzo de 2021, inclusive, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, haya o no comunicado al juzgado competente la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio”. Estableciendo en consecuencia en el apartado número segundo “hasta el 14 de marzo de 2021, inclusive, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde el 14 de marzo de 2020”.

Consecuencia de las deudas sociales tras las medidas adoptadas en situación de coronavirus (COVID-19).

Tras las modificaciones legales expuestas con anterioridad pueden darse tres escenarios; la causa de disolución de contraídas antes del estado de alarma, aquellas acontecidas durante el estado de alarma, y las originadas con posterioridad.

La causas de disolución contraída antes del estado de alarma.

Si las causa de disolución se produjo con anterioridad al estado de alarma, y hubieran transcurrido además los dos meses previstos en el art. 365.1 de la LSC, los administradores deberán responder de las deudas sociales, habida cuenta que incumplieron sus obligaciones —de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital—con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020 que modificaba dichas obligaciones, dado que el RDL 8/2020 en su artículo 40.12 establecía que «la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la vigencia del estado de alarma» (articulo 40.12 RD 8/2020), y no antes de tal situación.

El otro escenario, que puede producirse, es que la sociedad se encontrara en causa de disolución antes de la declaración del estado de alarma, pero antes de finalizar el plazo de dos meses que tiene de margen el administrador de convocar la junta de socios o promover su disolución judicial, se publicara el Real Decreto-ley 8/2020. En ese caso, el plazo de dos meses del administrador quedo en suspenso, hasta la finalización del estado de alarma, reanudándose su obligación —por los días pendientes hasta los dos meses—, tras la finalización del estado de alarma. No incurriendo en esta situación en responsabilidad el administrador, cuando tras la reanudación del plazo, cumple con las obligaciones dentro de los días pendientes hasta los dos meses convocando la junta de socios o promoviendo la disolución judicial.

Las causas de disolución fueron contraídas durante del estado de alarma

En este supuesto, la responsabilidad del administrador se encuentra completamente amparada por el artículo 40.11 del RDL 8/2020. Por tanto, no se encontrará sujeta a la responsabilidad solidaria de las deudas sociales surgidas durante este lapso de tiempo, dado que sus obligaciones quedaron en suspenso. Ahora bien, tras el alzamiento del estado de alarma, esta obligación se reanudó, disponiendo los administradores de dos meses para cumplir con sus obligaciones, y quedado estos exonerados de cualquier tipo de responsabilidad “si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la vigencia del estado de alarma” tal como dispone el artículo 40.12.

Las causas de disolución fueron contraídas durante del estado de alarma

En este caso, no existe exoneración alguna, aplicándose el régimen general de los administradores, viéndose por tanto obligados a realizar la convocatoria de la junta, para proceder a la liquidación, e instar el concurso necesario de acreedores, en cuyo caso puede retrasar hasta el 14 de marzo de 2021, tal como se ha indicado con anterioridad.